Un juzgado federal determinó mantener congelados los fondos financieros de Víctor Manuel Ozuna Díaz. La justicia federal de nuestro país resolvió que por ley niegan liberar cuentas al exdirector general de la administración naval mexicana.
Frenan amparo y niegan liberar cuentas por reformas legales
El Tercer Tribunal Colegiado dictó una resolución unánime en contra del antiguo funcionario público. La decisión jurídica se fundamentó estrictamente en las recientes modificaciones aplicadas a la Ley de Amparo durante el año pasado.
El exdirector portuario pretendía obtener acceso rápido a los recursos económicos depositados en diversas firmas bancarias mexicanas. Sin embargo, los magistrados determinaron que no es factible revertir un bloqueo ordenado por UIF en esta etapa del juicio.
La defensa legal del exmilitar buscará nuevas estrategias procesales para la audiencia del próximo treinta y uno de julio. En esa fecha clave de verano se resolverá si se concede de forma definitiva la protección judicial solicitada.
Sospechas financieras sobre exfuncionario
La Unidad de Inteligencia Financiera colocó al contralmirante en retiro dentro de su lista de personas restringidas. La autoridad hacendaria mexicana presume la existencia de supuestos recursos de procedencia ilícita en sus transacciones.
El exmando naval coordinó operaciones corporativas de dieciséis empresas paraestatales marítimas del territorio nacional. Sus ingresos y bienes correspondían al periodo en que estuvo comisionado bajo el mando de la Secretaría de Marina.
El destino de las inversiones en casas de bolsa y plataformas digitales permanecerá congelado por orden oficial. Las autoridades judiciales confirmaron que niegan liberar cuentas bancarias hasta que se demuestre la legalidad del dinero.
El debate por el sustento básico
El imputado solicitó de manera formal al juzgado que le permitieran disponer de un porcentaje de su pensión mensual. El quejoso argumentaba requerir el mínimo indispensable para su manutención alimentaria y de salud.
Los magistrados federales indicaron que por el momento no existen los elementos de prueba requeridos para avalar dicha petición. Por este motivo, reiteraron que niegan liberar cuentas institucionales vinculadas al exmilitar bajo investigación.
El desenlace de este litigio marcará un precedente importante sobre las facultades de fiscalización hacendaria en el país. El caso evidencia el rigor actual contra los exfuncionarios federales cuando niegan liberar cuentas en procesos financieros.
